El Ayuntamiento de Madrid endurecerá los requisitos para
obtener la licencia de funcionamiento de los apartamentos
turísticos con el fin de evitar que estos pisos de alquiler
limitado (entre 3 y 45 días) sean utilizados como vivienda
habitual, infringiendo la ley. Así lo anunció ayer la
coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, que
explicó que el propietario de este tipo de apartamentos
deberá estar inscrito en el Registro General de Empresas y
Entidades Turísticas, tener una autorización de la Dirección
General de Turismo y el titular será una única persona
física o jurídica.
Los apartamentos turísticos están regulados en el Real
Decreto 2877/82 sobre ordenación de apartamentos y viviendas
vacacionales, que los define como aquellos "ofrecidos
empresarialmente en alquiler, debidamente dotados de
mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su
inmediata ocupación por motivos vacacionales o turísticos".
La normativa permite que este tipo de pisos sean construidos
en suelo terciario, no residencial, donde el plan general
permite el uso hostelero. Sin embargo, en estas parcelas la
Administración no está obligada a proporcionar
equipamientos.
El Ayuntamiento ha detectado que algunas promotoras
inmobiliarias han utilizado esta opción legal para levantar
bloques de viviendas sobre suelo terciario, que están
catalogadas como apartamentos turísticos pero que, en la
práctica, se venden como vivienda habitual y su precio es
notablemente inferior a la de un piso de similares
características en suelo residencial.
La mayoría de los apartamentos en esta situación están en el
distrito de San Blas, según explicó Beatriz Lobón. Muchos
terrenos de esta zona al este de la capital están
calificados como sector terciario, porque hasta hace unos
años era un polígono industrial. Pero no hay ninguna razón
que justifique en esta parte de la ciudad el uso turístico,
salvo su proximidad con el aeropuerto de Barajas.
La coordinadora general de Urbanismo también explicó que la
mayor parte de estas viviendas no tiene licencia de
funcionamiento "porque no la ha solicitado". Por otro lado,
utilizar los apartamentos para el fin al que están
destinados es difícil en una zona periférica como la del
distrito de San Blas.
De ahí que tanto el Consistorio como la Dirección General de
Turismo se hayan puesto de acuerdo para endurecer los
requisitos que afectan a estas viviendas y controlar tanto
su construcción como su uso.
Para ello, será obligatorio "describir de forma clara su uso
y categoría" en las licencias urbanísticas para la
construcción de apartamentos turísticos en zonas calificadas
como industriales. Luego, el Consistorio comprobará ese uso
y serán inscritas en el Registro de la Propiedad.
De esta forma, al solicitar la nota simple de una vivienda
deberá quedar reflejado que se trata de un apartamento
turístico, que la licencia de funcionamientos de este tipo
de pisos está condicionada a que se mantenga el uso de
hospedaje, así como la prohibición expresa de llevar a cabo
la división horizontal del edificio. Beatriz Lobón hizo
hincapié en que Urbanismo todavía no sabe a cuántas
viviendas afecta esta irregularidad, aunque su departamento
está haciendo un estudio sobre la situación y ha detectado
un gran número de casos en la calle de Julián Camarillo.
La concejalía está tratando de ejercer controles sobre la
explotación de las viviendas ya construidas para comprobar
qué empresas están detrás de este supuesto fraude. "Cuando
se detecte un uso ilegal en estos apartamentos, como
requieren de licencia de explotación, se clausurarán",
afirmó Lobón.
La coordinadora de Urbanismo subrayó también que este tipo
de apartamentos "nunca va a convertirse en viviendas
habituales". Y recalcó: "Nunca se va a recalificar el suelo
para legalizar infracciones urbanísticas".
Sobre las opciones que pueden tener los actuales
propietarios de apartamentos turísticos, Lobón aseguró que
no les queda más que "demandar la compra, resolver el
contrato y acudir a los tribunales".
Lobón también reconoció que los compradores de este tipo de
viviendas no son del todo inocentes, puesto que, en muchos
casos alentados por las propias promotoras que les explican
cómo eludir la normativa, sí conocen que están haciendo un
uso indebido. De ahí que esta situación no se pueda
encasillar como una estafa.